El ‘yonqui del dinero’ afirmó ante la Audiencia que la detención de Zaplana fue «un montaje»

La Sección V de la Audiencia Provincial de Valencia, que el próximo 19 de septiembre fallará sobre el recurso de Eduardo Zaplana en el caso Erial, es la misma que preside el juicio contra los acusados de una pieza del caso Taula, en el que se sienta en el banquillo Marcos Benavent. Esa coincidencia tiene su importancia porque los tres magistrados, que decidirán el futuro procesal de Zaplana, escucharon durante la vista oral al empresario valenciano afirmar que la detención del ex presidente de la Generalitat fue «un montaje».

Benavent, también conocido como el yonqui del dinero, fue el testigo clave que propició el arranque de la causa Erial y el ingreso en prisión de Zaplana. En el despacho de su abogado Ramiro Blasco fue donde la Guardia Civil encontró, el 1 de junio de 2015, el documento que, según la investigación, demostraba los amaños del concurso de adjudicación del Plan Eólico valenciano. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia lo consideró tan importante que le adjudicó el calificativo de “hoja de ruta”. Zaplana, aunque su nombre no figuraba en su contenido, fue imputado con el único argumento de haber sido el presidente de la Comunidad Valenciana cuando se produjeron los hechos. La juez abrió las diligencias 3568/2015, que fueron declaradas secretas.

El auto de la juez instructora, fechado el 20 de noviembre de 2015, casi cinco meses después de la orden de registro, acordaba la imputación de Zaplana con los siguientes argumentos: “Estando también relacionadas o vinculadas con el Gobierno de en su día Eduardo Zaplana y de su jefe de Gabinete Juan Francisco García Gómez, junto con los miembros de la familia Cotino que se mencionan en la denuncia. Por todo ello y dado también por reproducido el escrito de denuncia del Ministerio fiscal”.

En aquellas fechas, ni Benavent ni la persona que le había facilitado los documentos -un misterioso empresario sirio- habían declarado en la causa. Tampoco existía ninguna prueba o escuchas telefónicas que señalaran al presidente de la Generalitat valenciana como el jefe de una banda criminal.

Benavent, sin embargo, mantuvo durante su juicio ante la Sección V que el registro en el despacho de su abogado Blasco Morales, en el que hallaron los papeles de los casos Taula y Erial, fue ilegal. Según él, antes mantuvo una reunión con la Fiscalía y los agentes de la UCO de la Guardia Civil, que efectuaron las investigaciones bajo las órdenes del comandante Fernando Sánchez. El propio diario El País, en el artículo ‘Objetivo: salvar a Zaplana’, publicado el 2 de noviembre de 2021, aseguraba que “esta doctrina serviría también para la documentación incautada en el despacho del anterior letrado de Benavent que, según fuentes del caso, fue un registro pactado”.

Rechazo de pruebas

Desde el pasado mes de mayo, el testimonio del yonqui del dinero, contradice la versión oficial y los autos de la magistrada instructora del caso Erial. En ellos, la juez destaca que se niega a guiarse por informaciones de prensa y a aceptar el testimonio de Benavent porque, según ella, pertenecen a otro procedimiento: “La defensa de Zaplana pretende aportar a la causa una declaración que Benavent ha prestado como investigado en otro procedimiento totalmente distinto”.

Hasta la fecha, el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia se ha opuesto de manera sistemática a todas las peticiones de la defensa de Zaplana. Ha negado la comparecencia de varios testigos, entre ellas, la de Benavent e, incluso, la del propio Zaplana por producirse fuera de plazo. Las decisiones de la juez María Isabel Rodríguez Guerola han sido siempre respaldadas por los componentes de la Sección V. Sin embargo, sobre el último recurso, de cuya resolución depende el cierre de la causa y de que Zaplana se siente definitivamente en el banquillo, los magistrados de la Audiencia Provincial disponen de su propia versión ya que escucharon en sala el testimonio de Marcos Benavent.

Fuentes jurídicas manifestaron a OKDIARIO que supondría un elemento más a añadir a las quejas de indefensión de Zaplana que la Sección V se opusiera a la comparecencia del testigo que abrió la investigación, tras facilitar su abogado a la Guardia Civil el documento de la supuesta “hoja de ruta”.

Las mismas fuentes destacaron que resulta incongruente que los documentos que llevaron a la cárcel a Zaplana aparecieran en un registro perteneciente a otra operación -la Taula- y ahora los magistrados avalen los argumentos de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 que insiste en que las declaraciones de Benavent pertenecen a otro procedimiento: “Por eso mismo la juez debería tomarle declaración antes de dar por concluida su instrucción. La sala, que ha tenido a Benavent ante sus narices diciendo que todo era un montaje, no puede mirar para otro lado”, señalaron.

Un testimonio clave

La magistrado esgrime que las declaraciones de Benavent y otros testigos que también han sido rechazados -como el supuesto testaferro uruguayo Fernando Belhot, los consejeros del Gobierno de Zaplana responsables de la materia investigada o los miembros de la mesa de contratación del Plan Eólico- podrán efectuarse durante la vista oral. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO mantienen que “ese es un asunto tan trascendental para el acusado que debería depurarse en instrucción”.

Benavent no es un testigo que haya cambiado de versión en infinidad de ocasiones, como ha sucedido con otros protagonistas procesales en casos mediáticos. Los documentos judiciales en poder de OKDIARIO demuestran que sólo ha comparecido ante la Guardia Civil el 22 de marzo de 2017 y ante el Juzgado el 22 de mayo de 2018. Por tanto, no ha abusado de sus derechos de poder prestar declaración. Y ambos testimonios fueron muy parcos e instrumentalizados para poder detener a Zaplana.

En la primera comparecencia se limitó a reconocer los papeles sobre el Plan Eólico en un acta de manifestación redactada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) y cuya declaración ocupa sólo 30 líneas. En la segunda, en su precipitada ratificación ante el Juzgado, su declaración sólo contiene 35 líneas. El empresario, a pesar de su importancia capital para la causa, nunca más fue molestado por la instancia judicial.

Pero la titular del juzgado valenciano, María Isabel Rodríguez Guerola, el fiscal anticorrupción Pablo Ponce y la Sección V de la Audiencia Provincial, constituida por los magistrados María Begoña Solaz (presidente), Concepción Ceres y Alberto Blasco -la misma que decidirá sobre el futuro del ex político del PP- sí se sirvieron de esa declaración y del misterioso documento para ingresar y mantener a Zaplana en prisión durante casi 9 meses mientras recibía tratamiento por leucemia que le obligó a un trasplante de médula el 11 de diciembre de 2015.

Lo sorprendente es que la causa Erial recayó en el Juzgado de Instrucción número 8 tras una carambola judicial. Los agentes de la investigación del caso Taula, instruida en otro juzgado de instrucción -el 18 de Valencia- hallaron el sobre con los documentos de manera sorprendente durante un registro en el despacho del abogado de Benavent, a quien éste se los había confiado. Los guardias buscaban un caso de corrupción relacionado con el Ayuntamiento de Valencia y se encontraron también con un documento en el que supuestamente se diseñaba una operación fraudulenta sobre el concurso de las eólicas.

A pesar de que el magistrado de Juzgado de Instrucción 18 les había ordenado que sólo incautaran documentos relacionados con su causa, los agentes se llevaron un sobre con un documento sobre el Plan Eólico. El magistrado lo rechazó y lo mandó a reparto. Finalmente, recayó en el Juzgado de Instrucción número 8, que abrió unas diligencias secretas. En un principio no citaron a Benavent, el verdadero depositario de los papeles. Sólo lo hicieron unas horas antes de ordenar el ingreso en prisión de Zaplana.

Igual de inverosímil resultó la duración del allanamiento. Los agentes entraron en el bufete a las 12,30 y culminaron su tarea a las 12.50. No necesitaban más tiempo porque si la entrega estaba pactada entre la Fiscalía y el abogado de Benavent los investigadores iban a tiro hecho. El yonqui del dinero ha declarado ante la sección V que se debió a un supuesto montaje. El documento hallado en el bufete de abogados no fue presentado en el Juzgado hasta seis meses después.

El misterio del sirio

Si todo, de por sí, se presentaba como turbador, más inverosímil resultaba la primera versión del yonqui del dinero, que en aquellas fechas buscaba un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que luego el fiscal le negó. Benavent declaró en 2017 ante la Guardia Civil que los documentos se los había entregado, en 2012, un sirio llamado Imad Al Naddaf Yaloud que los había encontrado dentro de un sobre diez años antes en una vivienda que había alquilado y que había sido con anterioridad propiedad de Zaplana y su esposa. Según él, no les dio importancia y los guardó junto con otros documentos.

El piso había sido ocupado por la familia del ex presidente autonómico desde 1998 a 2002, cuando se trasladó a Madrid tras ser nombrado ministro de Trabajo. Hasta que fueron encontrados, supuestamente por el sirio, la vivienda fue ocupada por otras dos familias, sin que nadie se percatara de la existencia del sobre. Según el sumario el documento fue redactado a principios de 2001 y significaban “la auténtica hoja de ruta” para que el grupo Sedesa se hiciera con la adjudicación del Plan Eólico de Valencia y de la ITV. La concesión se produjo en 2003, un año después de que Zaplana abandonara la Generalitat.

La manera como condujeron a Benavent hasta el Juzgado para ratificarse también fue rocambolesca: lo citaron el mismo día, pero como el ‘yonki del dinero’ alegó que no podía conducir, la juez le envió un vehículo de la UCO a su pueblo. Necesitaba su ratificación para proceder a la detención de Zaplana, que era arrestado la misma mañana del 22 de mayo de 2018, por lo que se limitó a cumplimentar un trámite burocrático a fin de apuntillar el arresto del ex presiente de la Generalitat valenciana.

Ese día Benavent no se encontraba muy lúcido para declarar judicialmente. Ante la Sección V manifestó que “no había dormido en toda la noche” tras estar de juerga con unos amigos y que “no estaba en condiciones de declarar nada”. La causa Erial fue abierta en noviembre de 2015 decretándose el secreto de las actuaciones, que se mantuvo vigente hasta el 8 de febrero de 2019, un año después de la detención de Zaplana.

El abogado de Zaplana, Daniel Campos, lleva años lidiando cuatro años con el Juzgado y la sección V de la Audiencia Provincial para “poder acreditar la realidad de los hechos mediante la práctica de la prueba de descargo que se le ha negado”, entre ellas las declaraciones de Benavent, el sirio y el testaferro uruguayo Belhot. Campos se muestra poco optimista sobre la decisión de la Sección V de la Audiencia Provincial ante los antecedentes del caso.

El letrado Daniel Campos se quejó ante el Juzgado de las dificultades que ha tenido para desarrollar con normalidad la defensa de Zaplana y para ello se remitió a la doctrina del Tribunal Supremo: “No puede utilizarse para convertir el proceso penal moderno en un nuevo proceso inquisitivo, en el que los derechos de la defensa solo pudieran ser efectivos una vez que la acusación haya acabado la investigación y, en su caso, preconstituido la prueba”.

La Sección V presenta, no obstante, el antecedente de haber archivado la causa del conocido como “caso pitufeo” -una pieza del caso Taula- contra 13 de los más de cuarenta ex concejales y altos cargos de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Los magistrados esgrimieron “la notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito que ha dado lugar a la formación”.